España contra la pena de muerte: una lucha incansable

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España contra la pena de muerte: una lucha incansable

El español Pablo Ibar durante su juicio el jueves 14 de julio 2016 en el tribunal de Fort Lauderdale, Florida (EEUU). EFE/Gastón de Cárdenas. (EFE)
El español Pablo Ibar durante su juicio el jueves 14 de julio 2016 en el tribunal de Fort Lauderdale, Florida (EEUU). EFE/Gastón de Cárdenas. (EFE)

A finales de 2015 había al menos 20.292 personas condenadas a muerte en el mundo y unas 1.634 fueron ejecutadas, un 50% más con respecto al año anterior. Sin embargo, Amnistía Internacional destaca en su último informe sobre la materia que el año pasado el número de penas capitales impuestas se redujo en 468 personas, “un motivo para el optimismo”, junto con el hecho de que “por primera vez, la mayoría de los países del mundo -102- ha abolido ya por completo la pena de muerte”, destaca la organización.

En total, en la actualidad se contabilizan 140 países de todo el mundo –más de dos terceras partes– abolicionistas en la ley o en la práctica. Entre ellos está España, un Estado en el que la posición respecto a este tipo de condena no podría ser más clara: Gobierno, oposición y sociedad civil muestran su rechazo absoluto a la pena de muerte, lo que se traduce en decenas de organizaciones no gubernamentales que luchan día a día en nuestro país para que la pena capital sea abolida en el resto del mundo.

Españoles condenados a la pena capital

Una de las batallas más duras de los españoles contra este abuso de los Derechos Humanos se vivió a finales de los 90. Joaquín José Martínez fue sentenciado en 1997 a la pena capital por el asesinato de una pareja en Tampa, Florida.

Desde el mismo instante en que la noticia llegó a España, instituciones y organizaciones de todo tipo se movilizaron para solicitar la revisión del caso. Él mismo recuerda haber recibido hasta 400 cartas de apoyo a la semana.

La familia Martínez comenzó entonces un duro proceso en el que jamás estuvo sola. Ayuntamientos, instituciones y ciudadanos anónimos lograron conseguir el dinero necesario para contratar al abogado Peter Raben, quien finalmente consiguió sacar a Joaquín José del corredor de la muerte.

Además, el Senado español creó una comisión que se ocupaba de los presos españoles en el extranjero, y que se volcó en el ‘caso Martínez’ hasta el punto de que cinco senadores viajaron a Florida para arropar en persona a Joaquín.

El 6 de junio de 2001, Joaquín José Martínez se convirtió en el primer español y europeo en salir de un corredor de la muerte de Estados Unidos. Atrás quedaban cinco años de una de las peores agonías para un ser humano: esperar a ser ejecutado. Su caso sirvió para demostrar, una vez más, el absoluto rechazo de la sociedad española a la pena de muerte.

Actualmente Joaquín José reside en España y está totalmente involucrado en la concienciación contra la pena de muerte. Parte de su labor consiste en apoyar a Pablo Ibar, el único español condenado a muerte en el mundo. Ibar fue sentenciado en el año 2000 por un triple asesinato y en 2009 volvió al tribunal para defender su inocencia. Sus abogados argumentaban, entre otras cosas, que la principal prueba en su contra –una foto borrosa sacada de una cinta de videovigilancia–, no era suficiente para condenar. Tampoco las huellas dactilares, ni el ADN recogidos en el escenario del crimen coincidían con los suyos. En 2012 su recurso fue desestimado, pero en febrero de este año los esfuerzos de la defensa de Ibar dieron sus primeros frutos.

El Tribunal Supremo de Florida decidió, por cuatro votos a tres y después de varias apelaciones, anular la declaración de culpabilidad de Ibar, lo que implicaba la suspensión de la condena a muerte. En el mes de junio, Pablo salió del corredor de la muerte para ingresar en una prisión común a la espera de la repetición del juicio que se celebrará contra él en una fecha aún no fijada. 

El Estado de Florida ha anunciado su intención de volver a solicitar la pena de muerte en la repetición del juicio. Precisamente, este mes de septiembre la fiscalía ha asegurado haber hallado nuevos restos de ADN del español en la escena del crimen.  Sin embargo, desde la Asociación Pablo Ibar lanzan un mensaje de tranquilidad y aseguran que se trata de una prueba “muy débil” y nada concluyente, puesto que  el ADN ha sido encontrado en una camiseta que lleva más de 22 años en el mismo laboratorio en el que se ha analizado en numerosas ocasiones la ropa de Pablo. “Estamos muy tranquilos y esto no nos parece nada que pueda sostenerse”, ha asegurado el presidente de la asociación en declaraciones a El País.

Tanto en el caso de Joaquín José, como en el de Pablo Ibar, las autoridades y la sociedad se han posicionado en contra de la pena capital. Alrededor del 60% de la población española es contraria a la pena de muerte, según las distintas encuestas realizadas en los últimos años por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Un mundo sin pena de muerte

El compromiso de España con la abolición de la pena de muerte se ha reflejado igualmente en el impulso a importantes iniciativas internacionales, como la creación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), en octubre de 2010, cuya secretaría tiene su sede actual en Madrid. Nuestro país, además, preside el grupo de 17 Estados que apoyan el trabajo de la Comisión.

Para el presidente de la CIPM, el español Federico Mayor Zaragoza, ser la auspiciadora de la creación de esta entidad y de la Alianza de Civilizaciones, ha situado a España “en la vanguardia a escala mundial de la puesta en práctica de los Derechos Humanos”. Para el ex director general de la UNESCO, nuestro país “es un ejemplo no solo en materia de lucha contra la pena de muerte, también en la comprensión de las distintas culturas y de la aceptación de los demás”. En este sentido, Mayor Zaragoza recuerda la importancia de saber vivir juntos, “no solo coexistir siendo distintos, sino convivir y darnos cuenta de que todos los seres humanos, todos sin distinción; sea cual sea su género, su color de piel, su ideología, su creencia…, todos somos iguales en dignidad”.

La CIPM nació con la misión de “contribuir con su trabajo a promover, complementar y apoyar toda acción cuyo objetivo sea lograr la abolición universal de la pena de muerte”, explica la organización. Para alcanzar su objetivo de acabar con las ejecuciones, la CIPM promueve una moratoria universal como paso intermedio en el camino hacia la abolición. Asimismo, interviene en procesos específicos “como en el caso de los menores de edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad intelectual, o donde las garantías internacionales en materia de pena de muerte sean violadas”.

Mayor Zaragoza destaca que los mayores logros se han obtenido en los últimos años gracias al trabajo conjunto llevado a cabo por la CIPM y muchas otras instituciones y organizaciones como la World Coalition Against the Death Penalty (Coalición Mundial contra la Pena de Muerte), Ensemble contre la peine de mort, la Comunidad de Sant'Egidio o Amnistía Internacional. “Los resultados de esta coalición mundial están siendo muy positivos. En Europa se puede decir que ya no existe la pena de muerte. En América Latina prácticamente tampoco, algo muy importante. Solo hay dos países en los que todavía no forma parte de la legislación, que son Guatemala y Cuba, pero en ninguno de los dos se ha ejecutado desde hace muchos años”.

De igual modo, el presidente de la CIPM enfatiza la rapidez de los países africanos en sumarse a la abolición de la pena de muerte. “Nos están dando una vez más una lección de ponderación y de sabiduría”. Para Mayor Zaragoza el gran problema hoy son los Estados del Golfo Pérsico y Asia -principalmente China- y “el mal ejemplo de Estados Unidos”. Sin embargo, los logros de estos últimos años y un mundo globalizado donde las personas pueden enterarse de lo que ocurre en cualquier parte del planeta, y por tanto, manifestarse en contra, han convencido al diplomático español de que en no mucho tiempo se conseguirá vivir en un mundo sin pena de muerte.

Abolición total

Como parte de su lucha contra la pena capital, España acogió en 2013 el 5º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, el mayor evento abolicionista del mundo,  promovido por Ensemble contre la peine de mort (Juntos contra la pena de muerte). El encuentro, patrocinado por Francia, Noruega, Suiza y España, reunió a más de 1.500 personas, estuvieron representados 90 países, y congregó a 200 congresistas procedentes de naciones con pena de muerte.

En 2016, España ha participado en la organización de la VI edición del Congreso Mundial contra la pena de muerte, celebrado en Oslo el pasado mes de junio.  

Asimismo, nuestro país participa en la amplia coalición de Estados que cada dos años promueven en la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución sobre la moratoria mundial de la aplicación de la pena de muerte. El próximo mes de noviembre, la 71ª Asamblea General adoptará la sexta resolución sobre esta cuestión en la que esperamos siga creciendo el apoyo de la comunidad internacional.

En 2012 España ya había mostrado su posición, sumándose a la iniciativa por la que 83 países celebraron la IX Jornada Mundial ‘Ciudades por la Vida’.  En nuestro país participaron 30 ciudades, iluminándose para la ocasión edificios como el Congreso de los Diputados en Madrid, o los ayuntamientos de Burgos, Vitoria, Granada, Logroño o Santander, así como lugares representativos de Barcelona, Oviedo, Málaga, Salamanca o Badajoz.

Y es que el rechazo de nuestra sociedad por la pena capital viene de lejos. Las últimas ejecuciones llevadas a cabo en España datan de 1975. Con la llegada de la democracia y la aprobación de la Constitución, la pena máxima fue abolida, excepto del Código Penal Militar, que la contemplaba para casos puntuales en tiempos de guerra. En 1995, incluso estas excepciones desaparecieron con la aprobación unánime de la Ley Orgánica 11/1995, que convirtió la abolición en absoluta.

Nuestro país dio un paso más en contra de la pena de muerte en 2009. Entonces ratificó el Protocolo 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que establece la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia.

En las últimas décadas más de cien países han abolido la condena en derecho y otros 40 lo han hecho también en la práctica. Sin embargo, en 58 se mantiene. Según el último informe de Amnistía Internacional sobre el uso global de la pena de muerte, en 2015, un total de 1.634 personas fueron ejecutadas por ahorcamiento, arma de fuego, inyección letal o silla eléctrica en 25 países, tres más que en 2014.